Es cierto, en España no hay tradición ciclista como en Dinamarca. Pero eso está cambiando. El 10% de los españoles utiliza la bicicleta a diario (3,8 millones), el 50% lo hace con frecuencia (casi 20 millones) y el 58% tiene una para uso personal (más de 22 millones), según el último barómetro de 2015.
Sin embargo, “es fundamental ordenar esta moda para lograr una convivencia sostenida entre peatones, ciclistas y vehículos, opinaba Shara Martín, directora de Pons Seguridad Vial, en la reciente presentación del libro Ciudades y bicicletas, el papel de las ordenanzas municipales, editado por esta consultora con el apoyo de Conbici, coordinadora de 59 asociaciones de este colectivo.
Los ciclistas aprovecharon esta ocasión para abordar uno de sus retos más acuciantes: garantizar la seguridad tanto en las carreteras como en procesos por infracciones de tráfico. Conbici reclama una modificación del Código Penal, ya que la norma “despenaliza la inmensa mayoría de los accidentes por imprudencia, al dejar impune a quien mata o lesiona”. También piden derogar la recién aprobada ley del baremo de automóviles, porque “desampara a la mayoría de las víctimas, que ahora deben demostrar sus daños, y beneficia a las aseguradoras”.
El problema está en el Código Penal. La reforma eliminó el juicio de faltas (que era gratuito) y ahora el 90% de los casos se tramita por la vía civil, en vez de por lo penal, lo que perjudica a personas con lesiones menores, explica el abogado José Pérez Tirado, portavoz de las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico.
Una póliza obligatoria, otro punto de debate para un colectivo pendiente de regulación
“El proceso hoy es lento, complejo y la víctima tiene que cargar con los costes del juicio (abogado, procurador y peritos médicos) si no llega a un acuerdo amistoso con la compañía de seguros”, afirma. La aseguradora puede sacar partido cuando el afectado acepta una indemnización menor para evitar el juzgado, añade Tirado. “En lugar de ganar derechos, lo han perdido”, reconoce.
Aunque en el caso del baremo asegura que no se mejoraron ni se empeoraron los derechos; la actualización se centró en los grandes lesionados, de ahí que sea un punto de revisión en esta legislatura. Pérez plantea que se establezca un procedimiento especial civil del automóvil que facilite las denuncias y cargue el precio al seguro o restablecer el sistema anterior. En tanto, Conbici pedirá a los partidos políticos que incluyan en el Código Penal el delito de imprudencia leve, aunque sea con una pena mínima.
Desde Unespa recuerdan que el nuevo baremo fue aprobado con un amplio consenso, tras una negociación meticulosa que recogió todas las voces, incluida la de las víctimas, después de cinco años de trabajo.
A esto se añade otra dificultad. Pocos ciclistas tienen seguro y pocas empresas ofrecen este servicio. En Unespa indican que se debe a una complejidad técnica. “Los coches tienen un número de bastidor que lo identifica; las bicicletas, no. ¿Cómo se regula?”, cuestionan.
Pero el auge de este mercado en España, con más de 30 millones de unidades, ha abierto el debate sobre la necesidad de fijar o no una póliza obligatoria, señalan en Axa, que desde 24,15 euros anuales cubre la asistencia en viaje y sanitaria, robo o daños, cirugía plástica, defensa o protección jurídica. O Mapfre, con BiciMás, desde 37 euros al año. La DGT se muestra a favor de esta medida, así como el 70% de los españoles, según Axa.
A la espera de una norma que incluya a los ciclistas
Más que una moda, la bicicleta cobra protagonismo como modo de transporte sostenible, debido al aumento de la contaminación en las ciudades. Según un estudio de la red Civinet de 2015, que cita el libro Ciudades y bicicletas, 10 de las 16 urbes españolas analizadas la fomentan, 12 permiten su traslado en el metro y 13 cuentan con un sistema público.
Y pese a que en 2011 España era una referencia en este último aspecto, hoy solo Vitoria y Sevilla superan el 5% del reparto modal, cuando en el centro y norte de Europa su peso llega al 30%.
Así, otro de los grandes desafíos es su inclusión en los planes de movilidad municipales. “Pasar el testigo a los políticos”, creen en Pons Seguridad Vial, para impulsar la adaptación de la normativa, la intermodalidad, la inversión en infraestructuras y una mayor educación e información, porque el 45% de los usuarios desconoce el reglamento y el 40% cree que los ciclistas no respetan a los peatones, cifra el último barómetro. Por ejemplo, muchas veces se saltan el semáforo en rojo alegando falta de señalización o que las leyes actuales no recogen su peculiaridad.
Conbici sugiere, por tanto, un plan estratégico estatal que contemple la creación de una oficina pública autónoma para su gestión; un observatorio que dé a conocer las tendencias; menor fiscalidad y apoyo a la compra, etc., cita Manuel Martín, director técnico.
Y una ley de movilidad que absorba la de Tráfico, reduzca la primacía del coche e incentive este medio, más eficiente y limpio que el automóvil. Este colectivo está a la espera de los nombramientos en la DGT y confía en que el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, esté más sensibilizado con el tema por venir de Sevilla.
Fuente:cincodias.com